Programa de “Construimos Nicaragua”

El presente documento constituye el borrador del Programa del Movimiento Social y Político denominado "CONSTRUIMOS NICARAGUA", el que sometemos a consideración de los lectores, para abrir una discusión pública, en todos los sectores sociales, sobre las urgentes tareas que necesitamos impulsar para una democratización real de Nicaragua.

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PROGRAMA PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE NICARAGUA: ¡DEVOLVER AL PUEBLO EL DERECHO A DECIDIR!

Introducción.

Las jornadas de lucha, iniciadas en abril del 2018, están forjando y consolidando un fuerte sentido de identidad nacional colectiva,  a favor de la democratización y la justicia, como no había ocurrido en nuestros casi dos siglos de historia independiente, alrededor de símbolos y valores fundamentales: la bandera azul y blanco, indisolublemente vinculada a la democracia republicana, las libertades públicas, la participación ciudadana en los asuntos del Estado, y un fuerte sentido de equidad social y verdadera solidaridad.

La lucha democrática iniciada por la juventud, abrió la posibilidad de reconstruir y refundar nuestra nación sobre bases de democracia, justicia y equidad social. El goce y ejercicio de las libertades públicas, así como el respeto absoluto a los derechos ciudadanos, no deben depender, nunca más, de la voluntad o arbitrio de ningún gobierno. Todos los sectores del pueblo (jóvenes, estudiantes, mujeres, obreros, campesinos, indígenas, etc.) debemos recuperar nuestra soberanía popular para refundar una nueva Nicaragua, creando un Estado Social y Democrático de Derecho sobre nuevas bases, que implique erradicar para siempre el uso de la violencia, represión o la intimidación desde el poder, con el afán de perpetuarse en el mismo, o limitar e impedir el ejercicio de estas libertades y derechos.

Las decisiones fundamentales de Nicaragua no deben ser tomadas por pequeñas oligarquías, sino por las amplias mayorías de hombres y mujeres, a través de procesos democráticos y deliberativos, con toda la información sobre la mesa, en los que puedan participar los más amplios sectores

para que nuestra sociedad transite de la discrecionalidad y el uso arbitrario y personalizado del poder, a una interacción social cada vez más regulada por leyes, normas y políticas que se implementen de la manera más imparcial, transparente e impersonal posible, es decir, con ausencia de discriminación y castigo para unos, y privilegios y “premios” para otros.

Actualmente, las instituciones del Estado han perdido su carácter público al subordinarse por completo al control partidario y al manejo discrecional de los gobernantes. Es urgente iniciar el tránsito hacia la nueva Nicaragua, donde existan instituciones públicas nacionales que cumplan su función de proporcionan bienes y servicios públicos y sean capaces de garantizar confianza, seguridad y certidumbre a los agentes económicos y a toda la ciudadanía.

Nicaragua necesita una revolución democrática radical, que construya instituciones públicas nacionales, que se puedan mantener relativamente aisladas de las presiones de los grupos económicos y de poder, y estén concentradas en el desempeño profesional eficaz y de sus objetivos y responsabilidades, estableciendo mecanismos que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas, y que hagan posible el control ciudadano sobre las instituciones que administran el poder.

En el marco de este contexto, un grupo de jóvenes, hombres y mujeres de todos los estratos sociales, hemos coincidido poner en marchar una nueva organización política denominada “CONSTRUIMOS NICARAGUA”, un Movimiento Social y Político inclusivo, horizontal, democrático y progresista con el objetivo de impulsar cambios estructurales para el desarrollo sostenible de Nicaragua.

CONSTRUIMOS NICARAGUA es un Movimiento Social y Político en el que los y las nicaragüenses encontramos la oportunidad de opinar y participar para lograr nuestras aspiraciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales.

La misión de CONSTRUIMOS NICARAGUA es darle a cada nicaragüense la oportunidad de promover y defender sus derechos para alcanzar una vida plena, justa y próspera.

Presentamos, pues, nuestra propuesta de programa político, que sometemos a consideración de los ciudadanos y ciudadanas, para su estudio, crítica y perfeccionamiento, ya que solo unidos podremos lograr la tarea inmensa de democratizar Nicaragua para beneficio de las grandes mayorías.

LOS 16 PUNTOS BÁSICOS PARA FUNDAR LA NUEVA NICARAGUA

 1.- Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana.

Los hombres y mujeres de CONSTRUIMOS NICARAGUA, muchos de los cuales aún no habíamos nacido durante la época de la revolución, consideramos que lo primero que debemos hacer, es desmantelar el statu quo del poder político que se formó en el último periodo, y que tiene raíces en las instituciones creadas durante el proceso de muerte de la revolución de 1979.

Se requiere devolver la soberanía y la capacidad de decisión al pueblo, es decir, a los ciudadanos y ciudadanas. Este principio elemental de la democracia, ha sido sistemáticamente negado en la historia de Nicaragua. Se requiere reorganizar profundamente las instituciones del Estado. Y esto solo se puede lograr derogando la Constitución de 1987 y sus reformas, discutiendo y aprobando una nueva Constitución democrática, que reúna mínimamente los temas que a continuación exponemos y que traiga al Estado Nicaragüense a la modernidad del Siglo XXI.

Para que refleje la voluntad de la mayoría del pueblo, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana, debe estar precedida de una profunda revolución en el sistema electoral, que garantice la participación democrática de la población y erradique la posibilidad de nuevos fraudes electorales.

2.- Limites a la reelección a los funcionarios de elección popular

La reelección no es un problema de principios en la democracia, todo depende de la cultura política y del sistema electoral, si es lo suficientemente democrático para respetar la voluntad popular.

No obstante, esta es una discusión clave en Nicaragua, porque el surgimiento de las dictaduras de José Santos Zelaya (1896-1909), Anastasio Somoza y sus sucesores (1937-1979), así como la nueva dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo (2007-2018), han estado relacionadas con la reelección presidencial.

Por esta razón, y tomando en consideración que un buen gobierno no se improvisa, debe admitirse únicamente la reelección presidencial solo para un segundo periodo, de manera que la nueva elección se convierte en un plebiscito sobre el primer mandato. A partir de un segundo periodo, debe haber una prohibición absoluta de la reelección presidencial, estableciendo clausulas pétreas en la nueva Constitución, que impidan un tercer periodo presidencial.

De igual manera, los diputados solo pueden ser electos para dos periodos continuos. Esta misma norma debe aplicarse a alcaldes y concejales y los miembros de los gobiernos regionales.

 3.- Un nuevo sistema electoral

Se requiere una reforma total al sistema electoral, aprobando una nueva Ley Electoral que termine con el sistema bipartidista, heredado del somocismo, y que sirvió de cobertura para instaurar una nueva dictadura dinástica. Se debe aprobar una nueva Ley de Partidos y Asociaciones Políticas, la que también debe tener rango constitucional, que permita la creación de agrupaciones, asociaciones y partidos políticos, a nivel municipal, departamental, regional y nacional.

Se debe terminar con los obstáculos creados por la reforma constitucional del año 2000, que exige el 4% mínimo para que un partido pueda conservar la personalidad jurídica, porque limita el derecho de representación de las minorías. Se debe terminar con el mito de las dictaduras, que solo deben existir los partidos tradicionales. La democracia descansa en el principio de la diversidad y el respeto y protección de las minorías.

Pero, sobre todo, se debe terminar con el monopolio de los partidos políticos, que son los únicos que pueden postular candidatos. Se debe dar nuevo énfasis en que los ciudadanos y ciudadanas pueden postularse como candidatos y candidatas independientes o no partidarios, en todo tipo de elección, incluida la elección presidencial, priorizando que la juventud, que ha sido tradicionalmente marginada de la actividad política, tenga un rol preponderante en los destinos del país.

La elección de diputados y diputadas debe ser por departamentos o distritos, terminando con la elección de diputaciones nacionales. Se debe garantizar el derecho de representación proporcional de las minorías, especialmente de los indígenas, y en todos los tipos de elección.

Las funciones que ejerce el Consejo Supremo Electoral (CSE) deben ser descentralizadas en diferentes instituciones (cedulación, partidos y asociaciones, organización de los procesos electorales, etc.) reorganizado totalmente, no solo con la participación de los partidos políticos, sino de las organizaciones de la sociedad civil, quienes deben ejercer una labor de fiscalización y control.

El nuevo sistema electoral debe comprender la renovación parcial o total, a mitad de cada periodo presidencial, de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Las fechas de elecciones legislativas deben coincidir con las elecciones municipales y regionales, que deben realizarse cada dos años, de manera que los funcionarios electos sepan que sus cargos dependerán siempre de la valoración de su desempeño y de la voluntad de los electores.

Para ser candidato a elección popular deben ser idóneos y probos. Además, debe mantenerse y respetarse la Ley 50/50 que garantiza la presencia de las mujeres en las boletas electorales que le abren las puertas para participar en puestos de toma de decisión políticas.

Finalmente, el nuevo sistema electoral debe garantizar el derecho al voto de los ciudadanos y ciudadanas que, por razones economicas o represalias politicas, salieron al exilio y viven en el extranjero.

 4.- Sistema de elección directa y revocación de magistrados y magistradas, y de otros altos funcionarios, bajo control ciudadano

Se debe devolver a los ciudadanos y ciudadanas la capacidad de elegir y destituir a magistrados y magistradas, así como de otros altos funcionarios de los otros poderes e instituciones del Estado. Se debe terminar ese círculo vicioso, en donde el poder ejecutivo propone candidatos a magistrados y magistradas que terminan siendo aprobados por acuerdos y negociaciones entre los diputados, que generalmente obedecen a los intereses de las cúpulas partidarias que los incluyeron en las listas electorales, anulando la capacidad de decisión de los ciudadanos que los eligieron.

Al establecer un porcentaje de votos de los diputados y diputadas para la escogencia de magistrados y magistradas, el problema se resuelve mediante transacciones o pactos políticos, convirtiéndose los diputados y diputadas en los principales electores, anulando la voluntad popular. Este tipo de elección indirecta, posibilita la creación de argollas y castas políticas, que son la negación de la democracia.

Se debe instaurar que los titulares del poder ejecutivo, diputados y diputadas, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, miembro de los gobiernos regionales, todos los funcionarios de elección popular, quedan sujetos a la evaluación del pueblo, mediante el referendo revocatorio. De esta manera, cualquier funcionario de elección popular, habiendo cumplido un tercio de su mandato, y ante la petición de destitución suscrita por un determinado número de ciudadanos, deben tener la capacidad de convocar a elecciones en el caso específico, para que sean los electores quienes decidan si continua o no en el cargo.

5.- Reestructuración del poder judicial.

La democracia es, en última instancia, el gobierno de los jueces. Estos funcionarios son los que deciden la libertad de las personas, el futuro de sus bienes y dirimen los conflictos políticos. Quien controla el poder judicial, controla el Estado y el poder político. Por ello se debe realizar una profunda reforma y reestructuración del sistema judicial. Los magistrados y magistradas, los jueces y juezas, deben ser electos directamente por el pueblo, y sometidos cada dos años, cuando se realizan las elecciones intermedias, al control de la ciudadanía.

La carrera judicial debe estar sometida a controles periódicos. Solo el pueblo a través del voto puede decidir si una juez continua en su cargo por un tiempo más. La reelección de jueces y magistrados debe tener un límite, no más de tres periodos, para dar paso a la formación de nuevos jueces y magistrados.

Una comisión conformada por reconocidos juristas y académicos nacionales y extranjeros debe examinar y revisar los currículos de los aspirantes, y estos serían los candidatos que pasarían al escrutinio popular. Los partidos políticos no pueden hacer campaña a favor de los candidatos, so pena de descalificación.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe descentralizar sus funciones, de manera que las funciones administrativas, no se mezclen con las jurisdiccionales, y con las de control y sanción. Los diputados y diputadas no pueden ser candidatos a jueces y juezas, o magistrados y magistradas. Se trata de construir un nuevo poder judicial que supervise el funcionamiento de la administración pública y de la democracia, en conjunto con los ciudadanos y ciudadanas.

El amparo no debe ser un recurso, sino un juicio, como ocurre en América Latina. Se debe crear un Tribunal Constitucional, cuyos magistrados y magistradas no obedecerán a los partidos políticos, sino al mandato de la ciudadanía.

6.- Combate permanente a la corrupción

En Nicaragua la corrupción es un mal enquistado en todas las instituciones del Estado, y se ha convertido en parte de la cultura política: los cargos de elección popular y el servicio público se han trasformado en escaleras para el enriquecimiento ilícito. Por ello el combate contra la corrupción debe ser permanente y en todos los niveles. La corrupción es una de las principales causas de profundización de la pobreza y la desigualdad social. No es posible combatir la pobreza sin combatir el mismo tiempo la corrupción. Incluso, la corrupción corroe y debilita la institucionalidad democrática, anulando la legalidad existente, fomentando la impunidad y el caos social.

Las leyes existentes para combatir la corrupción, no se aplican porque las instituciones del Estado encargadas de combatirla, como la Contraloría General de la Republica (CGR), la Fiscalía General de la Republica y los diferentes tribunales de justicia, han sido víctimas del fenómeno de concentración del poder, que centraliza los mecanismos de elección de magistrados y magistradas, y otros altos funcionarios, solamente en los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, quienes son electos por medio de listas de los partidos políticos, quienes ejercen el monopolio de la representación popular.

Se debe modernizar la legislación anticorrupción, simplificar los trámites administrativos al máximo, aprobar una nueva Ley de Compras del Estado y Ley de Conflictos de Interés de los Funcionarios, instaurando licitaciones online, de manera que todos puedan ver lo que ocurre con los precios y las especificaciones técnicas, contemplando la participación ciudadana en todos los niveles, desarrollando al máximo el gobierno electrónico.

La transparencia debe convertirse en un nuevo derecho fundamental, factor clave para fortalecer la confianza social, y el sentido de participación y corresponsabilidad en la construcción de un destino compartido. La información pública jamás debe ser manejada como si fuese privada. El pueblo tiene derecho a conocer todos los asuntos, por muy complicados que parezcan. Los funcionarios y funcionarias que violenten este principio de acceso a la información pública, serán sometidos a sanciones penales severas.

De igual manera, debe instaurarse la obligación de todos los funcionarios y funcionarias de rendir cuentas cada tres meses, de los gastos, inversiones o compras realizados, ante asamblea general de trabajadores del sector público, con participación de la ciudadanía. El resultado de estos informes debe ser colocado en la página web de la respectiva institución.

En todas las instituciones del Estado, debe organizarse una asamblea de servidores públicos para crear comisiones de control ciudadano, encargados de vigilar la ejecución del presupuesto, los planes de compras y las licitaciones, con facultades legales para hacer las denuncias correspondientes. Quienes ejerzan alguna denuncia, no podrán ser despedidos ni habrá represalias administrativas en su contra, salvo que se demuestre que no tenían fundamentos.

La nueva Constitución debe instaurar el nuevo principio que no existe inmunidad para delitos relacionados con la corrupción. Todos los bienes originados por actos de corrupción o lavado de dinero son imprescriptibles, es obligación del Estado perseguirlos hasta recuperarlos, enjuiciando y castigando a los culpables. Los funcionarios y funcionarias castigados por actos de corrupción mediante sentencia firme, quedarán inhabilitados de por vida para optar a cargos públicos o prestar el servicio público, así como la prohibición de ser proveedor del Estado o contratar con la Administración Pública.

7.- Profesionalización y dignificación del servicio publico

Se requiere una democratización radical, para que los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, jamás vuelvan a ser contratados o despedidos en función de su adscripción o lealtad partidaria, sino en base a sus capacidades y competencias, y se respete la carrera del servicio civil.

La Ley de Servicio Civil debe regirse por el principio de méritos y capacidades de los aspirantes, debemos erradicar la cultura de repartición de cargos por pactos y componendas políticas o por cuotas electorales. Igualmente, deben promoverse reformas para que los y las jóvenes puedan hacer carrera en el servicio público de manera digna y con facilidades de acceso.

8.-  Un sistema tributario justo

Los impuestos de todas y todos los nicaragüenses no deben ser utilizados o desviados para enriquecer a pequeños grupos, sino que forman parte del sagrado patrimonio nacional. La recolección de impuestos debe basarse en la transparencia, el control social y el principio de que el pago de los impuestos debe ser proporcional a los ingresos. De esta forma, la sociedad tendrá los recursos necesarios para cubrir los gastos sociales y garantizar el funcionamiento mínimo de la democracia y la construcción de un plan nacional de desarrollo de mediano y largo plazo que logre trascender los cambios de gobierno.

9.- Incorporar nuevos derechos en la Constitución

El respeto a los derechos humanos en Nicaragua jamás será limitado por gobierno alguno, anteponiendo argumentos de “soberanía nacional” a la vigencia de los tratados internacionales sobre esta materia.

Se deben incorporar y aplicar nuevos derechos fundamentales, como la Equidad de género, y otros derechos específicos de las mujeres, que debe ser ejecutados en todas las instituciones del Estado y en todos los niveles de la vida social.

De igual manera, se debe instaurar de manera progresiva la renta básica para las personas que viven en niveles de pobreza. Es la única manera de terminar con el clientelismo político que tanto daño hace a la democracia, y para que el Estado proteja de esta manera a los más necesitados.

Nicaragua debe ser proclamada como un Estado Social y Democrático de Derecho, regido por los derechos fundamentales, por el principio de absoluto del respeto e igualdad ante la ley, el control de la ciudadanía en los asuntos del Estado, y la defensa del medio ambiente.

Se debe rescatar el derecho de rebelión o de insurrección contra los gobiernos dictatoriales o dinásticos, como un derecho fundamental esencial de los y las nicaragüenses.

De la misma forma, se deben reformar o incorporar nuevas garantías procesales: La función de la Policía debe ser investigar los delitos y enviar en un plazo no mayor de 24 horas, al sospechoso ante las autoridades judiciales. En sus investigaciones, la Policía debe estar subordinada a la Fiscalía, quien debe ser la encargada de dirigir las investigaciones y la recopilación de pruebas. Las detenciones solo pueden hacerse en delito infraganti o por medio de orden judicial.

Se debe restablecer el juicio por jurado en todos los casos, y terminar con las jurisdicciones de excepción.

Además, Nicaragua debe ponerse a la altura del Siglo XXI y fomentar el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a las tecnologías de la información y la internet.

10.- Reorganización del Ejército y la Policía

El rol que ha desempeñado la Policía Nacional en la actual insurrección cívica, como el de un pequeño ejército represivo muy centralizado, nos obliga a replantear el papel de las fuerzas policiales. La Policía debe jugar un papel muy importante en garantizar la seguridad ciudadana, en un contexto de avance de los carteles del narcotráfico y del crimen organizado en Centroamérica.

Para evitar que la Policía Nacional sea un pequeño ejército mercenario al servicio incondicional de un gobierno dictatorial, se debe descentralizar el funcionamiento creando policías municipales, que mantendrán una coordinación o comando nacional, pero cuyos miembros serán reclutados dentro de la comunidad, los que estarán sujetos a las autoridades locales. El nombramiento del jefe de Policía en cada municipio, así como su permanencia en el cargo, se realizará mediante elección directa de los ciudadanos. El monopolio del control del presidente de la república sobre la Policía Nacional debe terminar, debe compartirlo con las autoridades locales.

La Policía Nacional debe tener un enfoque de Policía Comunitaria, conformada de manera rotativa por gente de la comunidad, con un reducido aparato administrativo y oficialidad permanente. Deben incorporarse más mujeres a la cadena de mandos de esta Policía Comunitaria.

De igual manera, se debe revaluar el rol y la concepción del Ejercito Nacional. El trauma colectivo que significó la implementación del servicio militar durante la guerra civil (1982-1990) ha posibilitado, contradictoriamente, la evolución del Ejercito Nacional como una institución cada vez más separada del pueblo

En tiempo de paz, el Ejército debe tener un aparato muy reducido, debe estar conformado por ciudadanos que cada cierto tiempo presten su servicio civil dentro de las fuerzas armadas. De igual manera, deben incorporarse más mujeres a la cadena de mando del Ejército.

Este no solo debe defender la soberanía nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado, sino también ejercer una función social en los sectores sociales más vulnerables, proteger y conservar los recursos naturales, cuidar las áreas protegidas y defender el medio ambiente, posibilitando que los jóvenes se incorporen a su primer empleo y adquieran formación técnica. Esta es la única manera de evitar un Ejército de soldados, pagados a tiempo completo, desligados del pueblo. El Ejército, ni su oficialidad, deben tener empresas o negocios para financiar sistemas de jubilación, diferentes a los que tiene la mayoría de la población, o privilegios de casta que promueven la desigualdad social.

Debido a la importancia de este tema, se debe impulsar un plebiscito especial sobre la reorganización del Ejercito Nacional y de la Policía Nacional, para que el pueblo decida democráticamente el camino a seguir.

11.- Revolución educativa, libertad de catedra y autonomía universitaria

Nicaragua jamás saldrá de la pobreza sino lograr elevar el nivel educativo de su población.

Nicaragua está perdiendo la oportunidad única del “bono demográfico”, en la medida que decenas de miles jóvenes no tienen oportunidad de estudio y trabajo. Es falsa la dicotomía entre educación primaria y educación superior. Ambas son complementarias. Por ello, se debe insistir en la libertad de catedra y en la autonomía de las universidades, para formar el personal técnico y los profesionales que el país requiere.

La educación primaria y secundaria debe incluir una materia de educación cívica, para que los alumnos aprendan desde corta edad cómo funciona el Estado y cuáles son los principios de la democracia.

En el marco de la renta básica, se debe garantizar que todos los niños terminen su escuela primaria y secundaria. Para ello se debe destinar el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública. Los recursos del Estado deben estar destinado a desarrollar la educación pública, y nunca debe subsidiar los negocios que significan las escuelas y universidades privadas. Las universidades jamás deben estar sometidas al poder político y al control partidario.

La profesión docente y la investigación científica deben ser alentadas y protegidas por el Estado.

La Innovación social y el emprendedurismo deben ser animados por el Estado para ampliar las perspectivas laborales de los jóvenes recién egresados de las Universidades para que éstos puedan insertarse al mundo laboral. Así mismo, deberá aprobarse la Ley de Primer Empleo Juvenil, donde las Universidades y Empresas se coordinarán para dar facilidades de acceso al trabajo a jóvenes recién egresados y se mejore la relación de las carreras profesionales con la demanda del mercado.

 12.- El rol del Estado en la Economía

Dado el atraso de las fuerzas productivas en Nicaragua, el Estado debe jugar el rol de promover el desarrollo económico, única manera de acabar con la migración y la pobreza. Dentro de un esquema de economía social de mercado, los principales servicios públicos (agua, salud, educación, energía y comunicaciones) deben estar en manos del Estado. La aceptación de empresas mixtas en estas áreas, y los porcentajes de participación privada, nacional o extranjera, dependerán de las necesidades de cada caso concreto.

Debe existir una banca estatal que promueva el financiamiento, con intereses justos, a favor del campesinado, artesanos y artesanas, pequeños y pequeñas productores urbanos y rurales. Para evitar el clientelismo político y la corrupción que pueden llevar a su bancarrota, se debe permitir que los trabajadores y clientes de la banca estatal formen una comisión de verificación y control de los préstamos, enfocado en la participación ciudadana.

Las ganancias de la banca privada deben ser reguladas, mediante una política de intereses justos, que no expolien a la población.

13.- Reforma agraria y defensa del medio ambiente

La reforma agraria que se impulsó bajo la revolución del periodo 1979-1980 fue revertida en las décadas posteriores. Se operó un proceso de concentración de tierras y ahora tenemos la existencia de nuevos terratenientes. Este proceso fue posible porque el campesinado no tuvo asistencia financiera y técnica que le permitiera desarrollar la agricultura o la ganadería. No solo se debe garantizar el derecho del campesinado a la tierra, sino también el derecho de las mujeres campesinas a ser dueñas de la misma. De igual manera, se requiere de una banca estatal cuya principal función sea desarrollar la economía campesina. El Estado debe garantizar una política de precios justos a los productos campesinos.

La producción agropecuaria de Nicaragua descansa en gran medida sobre los pequeños y medianos productores. Se requiere que estos sectores crezcan por la vía del incremento en los rendimientos y la productividad, más que por la expansión de la frontera agropecuaria, que ha degradado cuencas hidrográficas, producido sedimentación y desaparición de fuentes de agua y destruido la biodiversidad.

Se deben ampliar las áreas protegidas, como Bosawás e Indio Maíz, y crear otras nuevas. Debe ser una prioridad proteger el capital natural del país – agua, suelos, bosques y biodiversidad –, el Estado debe garantizar que sea utilizado de manera sostenible.

La reforma agraria debe tener un enfoque ecológico, de defensa de la tierra, los bosques, el agua y el medio ambiente. Se deben delimitar las zonas aptas para la agricultura, no se debe sembrar en colinas o pendientes, se deben ubicar cuales son las tierras aptas para la ganadería. Se debe terminar con la ganadería extensiva, promoviendo la creación de fincas modernas, con razas de ganado que permitan aumentar la producción, sin necesidad de destruir los boques. Las comunidades campesinas o indígenas deben ser las protectoras de los bosques. Se debe impulsar un proceso de reforestación y de protección de las reservas naturales, con el objetivo de cuidar el agua de los ríos y lagunas.

14.- Por una verdadera autonomía en la Costa Caribe

La elevación de la autonomía de la Costa Caribe a rango constitucional en 1995 significó un gran avance, pero los efectos reales del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua son más formales que reales. Las principales decisiones sobre los recursos económicos de la Costa Caribe, y la inversión de estos, en realidad no corresponden a los Consejos Regionales, ni a las comunidades indígenas, sino al gobierno central, que sigue limitando el derecho de autonomía de la población aborigen.

Se debe preservar no solo las costumbres, idioma y cultura sino también las formas de organización comunal de la población indígena, la que debe administrar y proteger los recursos naturales.

Si bien es cierto que, producto de la lucha de las comunidades indígenas, se ha avanzado en la titulación de las tierras comunales, mientras no exista un saneamiento de las mismas, la autonomía de la Costa Caribe será una ficción.

15.- Profundización de la autonomía municipal

La autonomía municipal está consagrada en la Constitución desde 1987, pero en la realidad los municipios están subordinados al gobierno central, a pesar de la existencia de la Ley de Municipios. El rol del Estado en la sociedad debe concretarse a través de los municipios. El presupuesto nacional debe ser invertido en los municipios. Debe disminuirse el rol del gobierno central, y descentralizar las funciones en los municipios. La estructura del Estado debe asentare en los municipios, quienes deben controlar la educación, el abastecimiento de agua potable, controlar los servicios públicos, los servicios de policía, sanidad y defensa del medio ambiente.

La democratización de Nicaragua pasa por transferir más poder y recursos nacionales a los gobiernos municipales.

 16.- Reconstruir la nación centroamericana

En el siglo XXI los países de Centroamérica están íntimamente ligados por las bases económicas, pero no a nivel de la superestructura estatal. Lo que ocurre en algunos de los países de Centroamérica, repercute en el resto. El SICA ha jugado un gran rol como proyecto de unificación de las economías nacionales, pero no la logrado la meta. La conformación del PARLACEN fue un gran avance en el plano político, pero tiene funciones muy limitadas. Debemos avanzar más. Los diputados y diputadas al PARLACEN deben ser los mismos diputados de los órganos legislativos nacionales, para que no haya separación y desconocimiento de la realidad regional.

Debemos avanzar hasta lograr la convocatoria de una Asamblea Constituyente Centroamericana que permita crear una confederación o federación centroamericana.

Managua, Nicaragua, 14 y 15 de septiembre del año 2018.

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