¿Qué hacer ante el vencimiento de período de funciones de Magistrados y Contralores?


Por F.N.

El vencimiento del periodo para el que fueron electos diferentes magistrados tanto de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la República, indica para algunos que hay una posibilidad de negociar directamente con el régimen para colocar nuevas caras y figuras que hagan posible la tan ansiada transición democrática.

Desde Construimos Nicaragua estamos conscientes que gran parte del poder absoluto que sostiene al sistema orteguista viene de tener secuestradas estas magistraturas del Estado. El caso más escandaloso puede ser precisamente el de Francisco Rosales, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y a su vez parte del equipo negociador del gobierno. Es el ejemplo de un poder judicial subordinado a los intereses del régimen.

Por reformas constitucionales el artículo 130 párrafo segundo de la constitución de Nicaragua establece que a las autoridades electas por la asamblea nacional a las que se le hayan vencido los periodos por los que fueron juramentados pueden continuar en sus cargos, este es un ejemplo rotundo de como la constitución se ha convertido en un instrumento al servicio del orteguismo y que provee protección constitucional a la permanencia de sus fichas políticas y partidarias dentro de altos espacios de decisión. Es necesario que todos los magistrados y contralores, antes del vencimiento del periodo presenten oficialmente su carta de renuncia para que dicho artículo constitucional no sea aplicado.

Ante esa situación la oposición pretende negociar con el régimen para obtener espacios de poder dentro de las magistraturas. Sin embargo, desde Construimos Nicaragua y desde el programa que planteamos, se entiende que esa actitud únicamente repitiría el modelo de repartición de magistraturas entre oficialismo y oposición manteniendo sin democratización dichos poderes del Estado.

Esa fue la receta que encontró Ortega y Alemán a raíz del pacto realizado por ambos a inicios del año 2000. Consideramos que esas recetas de vieja política no contribuyen a fortalecer la verdadera democracia y la participación real de la población en la elección y auditoría ciudadana.

Si bien nuestro programa político plantea la elección popular de las magistraturas o de algunas de ellas y la posibilidad de auditar permanentemente sus funciones, pero, dada la presente situación de coyuntura política la propuesta de Construimos Nicaragua sigue siendo la de devolver al pueblo el derecho a decidir.

¿Cómo operaría en este caso concreto ese principio? Pues que las personas que pasarían a ocupar dichos cargos deben resultar directamente de la elección de la ciudadanía que actualmente ejerce la verdadera oposición en las calles, en los territorios, en el exterior e interior del país, y no por los grupos de poder que piensan y creen que tienen esa representación.

En todo caso esos grupos únicamente deberían facilitar el proceso de elección desde las bases y de forma democrática a las personas que integrarán dichas magistraturas con el convencimiento que son autoridades temporales hasta que se lleve a cabo un proceso constituyente que refunde el Estado y con él todas las magistraturas del mismo. De modo que dichas personas deben asumir con anticipación el mandato y condicionamiento de la ciudadanía para ejercer esos cargos únicamente para garantizar la transparencia y la viabilidad del proceso de refundación del Estado.

Advertimos, de forma reiterada, que una negociación de magistraturas entre Ortega y el sector privado significaría un retroceso al pactismo frente al proceso de democratización profunda que se está demandando para Nicaragua. Debe ser la población quien elija esas autoridades y el gobierno únicamente deberá darle cumplimiento administrativo a esa elección en tanto que tiene secuestradas las vías legales para hacerlo a través de la Asamblea Nacional.

Devolver al pueblo el derecho a decidir es un principio válido, posible y que tiene perfecta cabida en estas coyunturas políticas frente a los que piensan que todo lo que implique devolver las autoridades al soberano, que es el pueblo, es inconstitucional.

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