¿Por qué sobrevive la dictadura Ortega-Murillo?


Recientemente, se produjo una reunión del equipo coordinador de nuestro Movimiento Social y Político “CONSTRUIMOS NICARAGUA”, para analizar la situación política y sobre todo, analizar las causas que han permitido a la actual dictadura sostenerse en el poder, a pesar que la mayoría del pueblo está en su contra. Publicamos a continuación un fragmento de los materiales que se discutieron para socializar la discusión política entre los diferentes sectores que luchan contra el actual régimen dinástico.

 

“(….) En Nicaragua, el régimen ha logrado sostenerse fundamentalmente debido al control sobre los aparatos represivos y de los ingresos fiscales - los cuales, pese a que se han reducido, gracias al cumplido pago de impuestos por parte de las empresas superan los gastos operativos o de funcionamiento del gobierno, donde el único rubro que ha aumentado es el pago de la planilla salarial -.

Ha contado además con un financiamiento externo al presupuesto que ha aumentado, el cual le ha permitido financiar el déficit presupuestario y encima de eso generar un excedente para financiar parte del pago de la deuda interna, incluyendo el pago de la deuda histórica con el INSS, solventando hasta ahora el déficit de este.

Es cierto que el régimen experimenta dificultades, pero que todavía no representan desafíos a su sobrevivencia, debido a la extrema pasividad de las organizaciones que debían coordinar la resistencia, donde el peso de la empresa privada es claramente determinante, al brutal aplastamiento de los sectores más beligerantes - los segmentos más activos de los estudiantes, el movimiento campesino y la población de los barrios -, a cientos de secuestros, detenciones ilegales y desapariciones, y la instrumentación de un sistema de espionaje y vigilancia que copa todos los espacios.

También se ha producido un grado importante de debilitamiento de la sociedad a causa del enorme aumento en el desempleo y del temor de quienes aún conservan su empleo de perderlo, de las dificultades para la sobrevivencia, el grado de temor que se ha impuesto, y la salida del país de más de 40,000 personas.

Adicionalmente, se ha impuesto la peligrosa ilusión de que la salvación descansa en las sanciones externas que se puedan imponer al régimen y que, mientras tanto, lo que queda es darle tiempo al tiempo y esperar, realizando, mientras tanto, solo algunas acciones simbólicas de resistencia, como forma de presión interna.

Cuando el régimen se vio sorprendido por la masividad y la fuerza del levantamiento, y sus fuerzas se vieron desarticuladas, se vio forzado a llamar a un dialogo.

Resulta claro que, si en ese momento se hubiese producido la desobediencia tributaria, en un mes se les hubiese asfixiado, y si se hubiese puesto como condición imprescindible del denominado dialogo, el cese de la represión y el desmantelamiento de los grupos paramilitares, la situación hoy sería completamente distinta.

Debido a la pasividad mostrada por la denominada Alianza Cívica en los momentos clave, el régimen tuvo el espacio y el tiempo necesario para rearticularse, redefinir su estrategia y estructurar y desplegar una fuerza represiva con un poder de fuego, logística e inteligencia que no podían ser enfrentadas, y logro aplastar, de manera extremadamente sangrienta, el levantamiento popular.

Luego, ha desatado una cacería sin precedentes de las personas más activas y beligerantes, en todos los espacios y rincones del país, que continua sin descanso.

El régimen no se ha quedado sin opciones económicas, incluyendo las que parecen desafiar la racionalidad de una política económica “sana”, pero que tienen racionalidad política desde el punto de vista de la voluntad de sostenerse en el poder, a toda costa.

De hecho, en los 80 se implanto el control de cambios y el control sobre las "alturas dominantes" de la economía, se priorizo el gasto militar, el cual se incrementó desproporcionadamente, y el exceso de gasto se financio con emisión inorgánica de dinero, al costo de imponerle a la sociedad una hiperinflación sin precedentes en la región, en tanto la economía cayo un 49% entre 1978 y 1989.

Es un hecho también que la cúspide dirigente y las principales estructuras del FSLN y el Ejercito mantuvieron la capacidad de asignarse condiciones de existencia muy diferentes a aquellas en que le tocaba sobrevivir al resto de la población.

Esta opción, que algunos denominan “ir por el camino de Venezuela”, está abierta, y todo indica que el régimen no la descarta, si de preservar el poder se trata.

Algunos sectores de la oposición sostienen que las sanciones norteamericanas a personeros vinculados al gobierno, el voto negativo de los Estados Unidos y sus aliados a la aprobación de nuevos préstamos a Nicaragua por parte de los organismos financieros multilaterales, sumados al deterioro económico acumulado a la fecha, y a cierta presión interna, obligarían al gobierno de Nicaragua a sentarse a negociar el adelanto de elecciones.

Este análisis resulta de por si interesante, porque a primera vista aparece plagado de paradojas.

Por una parte, confía en las sanciones económicas externas como principal mecanismo de presión para que el gobierno se vea obligado a sentarse a negociar. Como se sabe, estas sanciones tendrían un impacto adverso muy severo sobre nuestra economía, con severas implicaciones sobre el nivel de empleo.

Pero esto se concibe como un costo necesario a pagar, para forzar al régimen a restablecer negociaciones.

Pero, por otra parte, muchos de quienes sostienen esta línea de argumentación han rechazado, desde un inicio, el recurso al paro y a la desobediencia tributaria, las máximas formas de presión interna disponibles, alegando que tendrían un impacto negativo sobre la economía y sobre el empleo.

Sin embargo, cabe anotar que la desobediencia tributaria hubiese aliviado el flujo de caja de las empresas, contribuyendo a que estas pudiesen sostener la planilla de sus empleados.

La respuesta "sensata" es que, frente a la desobediencia tributaria, el gobierno habría recurrido a la emisión inorgánica de dinero, produciendo perdida de reservas internacionales, y eventualmente, devaluación o control de cambios e inflación.

Pero este escenario de perdida de reservas y la posibilidad de devaluación o, con mayor probabilidad, el establecimiento del control de cambios, representa precisamente el tipo de mecanismos al cual también podría recurrir el gobierno frente a las sanciones internacionales, asumiendo que estas son plenamente efectivas.

En tal sentido, no existiría razón alguna para diferenciar entre el impacto económico de las sanciones externas y el recurso a medidas de presión interna como el paro y la desobediencia tributaria,

Quizá la diferencia fundamental, entre el impacto de las sanciones externas y las medidas internas como la desobediencia tributaria, estriba en que en el caso de estas últimas los empresarios estarían asumiendo un riesgo.

Esto es algo que los sectores de mayor poder económico del país al parecer no estarían en disposición de asumir, en marcado contraste con los pequeños y medianos productores del movimiento campesino.

Esto significa que estamos ante diferencias sociales realmente existentes entre los actores, las cuales, desde un inicio, han impedido que todos estuviesen estrechamente unidos, en un bloque con una fuerza suficientemente contundente, en su respuesta frente al régimen.

Estas brechas se expresan, además, palmariamente, cuando se analiza de manera totalmente objetiva la composición social de quienes han sido masacrados, secuestrados, desaparecidos y torturados.

Sin embargo, caben otras acotaciones a este análisis.

Primero, el gobierno de Nicaragua tiene maneras de eludir, hasta cierto punto, las sanciones externas, cuando estas se hacen recaer sobre individuos, como la renuncia nominal de estos a los cargos que ostentan, y/o el cambio de la razón social de sus empresas, colocándolas a nombre de testaferros.

Segundo, el bloqueo de la aprobación de préstamos por parte de los multilaterales no cubriría al BCIE, organismo que ya ha comprometido el desembolso a Nicaragua de US$ 320 millones anuales durante 5 años, dado que los EEUU no son socios de este organismo, ni contaría, tampoco, con votos suficientes en el Directorio del mismo por parte de sus aliados.

Los países del "triángulo del Norte" de Centroamérica, México y Taiwán, con toda probabilidad no concurrirían con la decisión de bloquear los préstamos del BCIE a Nicaragua.

Asimismo, como lo reconocen los analistas del exterior, que aprecian la situación de una manera mucho más fría que nosotros, resulta más difícil todavía detener el desembolso de los prestamos ya aprobados, y en este caso la recomendación se limita a sugerir que los organismos multilaterales asegurarse "que los fondos no se utilicen para financiar la represión".

Esta recomendación, vale la pena decirlo, ignora por completo el carácter fungible del dinero, de manera tal que estos desembolsos liberan recursos que hacen posible mantener el aparato represivo, como lo muestra el análisis del balance presupuestario.

Por otra parte, aun suponiendo que estas sanciones tuviesen el mayor impacto posible, de allí no se sigue, aun si el gobierno acuerda participar en un dialogo, que el mismo asumiría necesariamente las características que muchos estarían esperando.

Entre otras cosas, porque no solo los empresarios vinculados al gobierno parecerían estar preocupados por el severo impacto económico potencial de las sanciones externas.

También grupos sumamente influyentes y poderosos del sector empresarial privado (no todos, pero si los más poderosos) han comenzado a argumentar que las demandas por justicia y democratización, si bien son muy emotivas y hermosas, no justifican que se destruya el país, como resultado de la continuidad del conflicto y del impacto económico descomunal de las sanciones externas.

Sobre esta base, están anuentes a buscar un dialogo con el gobierno que incluya aceptar que este permanezca en el poder hasta 2021, a cambio de algunas reformas electorales y cierta amnistía para los presos políticos.

Se ha utilizado como evidencia para mostrar como el país se vería totalmente devastado, si no se busca una inmediata salida negociada, el escenario apocalíptico que han pintado algunos economistas en relación el “impacto letal” que tendrían las sanciones norteamericanas para la economía, con una caída del PIB del 20% en 2019 - la cual no se produjo, con excepción de la caída de 1979 que resulto de un enfrentamiento armado muy sangriento, en ninguno de los peores años del bloqueo comercial y financiero norteamericanos y la guerra acaecidos entre 1979 y 1989.

Estos sectores, lo mismo que otros, incluyendo algunos de la jerarquía eclesiástica, argumentan que no solo el gobierno ha sido el responsable del empeoramiento de la situación, sino también los sectores radicales de la oposición, por sus posturas intransigentes y poco pragmáticas, lo mismo que aquellos que han recurrido a medios demasiado violentos para oponerse a la represión gubernamental.

Estos sectores influyentes, que podríamos denominar "pragmáticos", están utilizando los recursos a su alcance para hacer un fuerte lobby orientado a lograr que, en una nueva edición del dialogo, no participen figuras "intransigentes” o demasiado emotivas - que según ellos se comportan como “esposas despechadas” -, o éticamente demasiado “puras”, las que se habrían convertido en un obstáculo para una negociación inteligente, realista y sensata.

Argumentan que un dialogo requiere de la “confianza recíproca” entre las partes, y que esas figuras, entre ellas la de algunos obispos que han sido demasiado confrontativos, no proporcionan confianza a la parte gubernamental, por lo que el desbloqueo de la negociación implicaría apartarlos.

Finalmente, se postula que un dialogo “incluyente” no puede excluir a los partidos políticos con personería política.

Asimismo, se apresuran a ofrecer a Ortega todo tipo de garantías para él y su entorno y asegurarle que, además, podrá mantener su grado de control sobre sectores claves de la economía, como el eléctrico y de hidrocarburos, y otros sugieren que también mantendría su influencia sobre la policía y el ejército, así como la red de estructuras partidarias y para partidarias en barrios y comunidades, a lo largo y ancho del país.

Este escenario, en que Ortega y su esposa emergerían con más recursos de poder que en los 90, está dado para la continuidad de los conflictos y enfrentamientos, con Ortega y su esposa de nuevo procurando gobernar "desde abajo", y con los sectores populares buscando vindicta, dado que no se pudo obtener justicia.

En otras palabras, este conjunto de sectores influyentes, poderosos y pragmáticos, estarían trabajando, de manera acelerada, utilizando todo su poder e influencia, para construir un escenario de negociación que excluya a aquellos mediadores más intransigentes, en el cual predominen claramente los sectores más anuentes a buscar una autentica salida negociada, inteligente y realista, donde la prioridad sea la búsqueda de la finalización del "conflicto entre hermanos nicaragüenses" y, sobre todo, la más rápida estabilización y normalización posible de la economía.

Ello incluiría, de manera prioritaria, que el gobierno procediese a adoptar medidas para dar “confianza” al sector privado, como la devolución de las propiedades tomadas de manera ilegal, la derogación de leyes como la creación de la Empresa Nacional de Importación y Exportación, y la adopción de medidas que transmitan tranquilidad, sobre la operación de la UAF.

La apuesta, acerca de la viabilidad de estas posturas, una vez que los sectores más beligerantes han sido aplastados, sería que el creciente deseo de segmentos apreciables de la población por que finalice el conflicto y retornen la tranquilidad y la normalidad a sus vidas, la aparente indiferencia que parece resurgir de manera renovada en estos segmentos, y su supuesta capacidad de olvido, más el innegable temor que ha logrado sembrarse en otros segmentos muy importantes, la presencia de sectores de la jerarquía católica y de organismos internacionales como la Unión Europea en este dialogo como mediadores y garantes, el compromiso de llevar a cabo reformas electorales, y la amnistía para un número muy importante de los detenidos - no los que tienen mayor grado de “responsabilidad” por ser los más beligerantes -, más los argumentos ‘razonables” en términos de que “no se puede lograr todo en una negociación”, y de que todo esto se justifica “para no seguir sumando mayores costos” al país, sean suficientes para que los acuerdos logrados no encuentren una oposición como la que se hubiese esperado algunos meses atrás.

Queda por ver si este poderoso entramado de intereses logra imponerse finalmente sobre las fuerzas democráticas opuestas al régimen; aunque, en todo caso, aun sin imponerse totalmente, dada su enorme influencia y recursos, estarían debilitando el grado de unidad y firmeza nacional que en su momento logró forjarse frente al régimen.

Al mismo tiempo, ello pondrá a prueba el grado de conciencia democrática que realmente haya logrado enraizarse en los nicaragüenses, a lo largo de estos trágicos meses.

El resultado de las fuerzas que se mueven e interactúan sobre el escenario social y político, todavía es incierto.

Nuestra sola interrogante es, si se continua a este paso, cuantos años más tendrán que permanecer nuestros presos políticos en las ergástulas del régimen, sometidos a un tratamiento infamante. (…)”

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